La modificación del sistema del INDEC aplicada al mes de mayo del año 2008 ha ratificado la situación desastrosa de los inquilinos que viene deteriorando el nivel de vida de los argentinos.

Este informe considera que los precios al consumidor aumentaron en ese mes un 0,6% mientras que los alquileres crecieron un 1,5%, prácticamente dos veces y media más. Esta relación no es ninguna novedad porque en el mes de abril informó un aumento de los precios al consumidor del 0,8% mientras que el de los alquileres fue del 2,4%, o sea que triplicaron la media de precios.

Nadie parece sorprenderse por la diferencia de velocidad existente entre la generalidad de los precios y el costo de los alquileres. Los inquilinos sufrimos la inflación respecto de todo lo que consumimos pero, además, tenemos sobre nuestros hombros un gasto que es dos o tres veces mayor sin que nuestros ingresos, ya sea como jubilados o asalariados puedan responder a ese gasto que implica nada más ni nada menos que el techo de una familia. Nadie se pone a averiguar si existe alguna causa para someter a los inquilinos a esta penuria.

La realidad es que una actitud perversa de los propietarios de bienes de renta aprovecha el momento de la conclusión de los contratos para exigir a los inquilinos un alquiler un 100% mayor que el que pagaba anteriormente para renovarle la locación. Esta actitud perversa y generalizada expulsa inquilinos lanzándolos a la búsqueda de ubicación donde poder ubicarse con sus familias y los expone a abusos y maltratos.

La demanda incrementada de esta forma genera una aceleración del aumento de los alquileres que fue durante 2007 dos ves y medio más que la inflación registrada tanto en la oficial como en las estimaciones privadas. Esta barbaridad no parece importar al sector público que ha puesto de manifiesto con sentido crítico la existencia de rentas extraordinarias que deben morigerarse para evitar los perjuicios sociales que pueden ocasionar. Este es el caso de los alquileres. ¿Por qué no se actúa sobre ellos?